Han transcurrido cinco años desde que el 05 de junio de 2009 ocurrió el violento e irracional desalojo de los manifestantes indígenas. Hoy podemos decir que nada está resuelto. El proceso contra 52 acusados por el caso se inició recién hace unos días con intérpretes convocados sobre la marcha, ningún político se encuentra implicado, se sigue alargando el juicio contra sólo seis policías procesados por asesinar y lesionar a civiles, el mayor PNP Felipe Bazán sigue desaparecido ante la insensibilidad del Ministerio del Interior y la Fiscalía que nada han hecho para continuar con su búsqueda e identificar a dos requisitoriados. Finalmente, el líder indígena Pedro Tiwi, procesado injustamente por las muertes en la Estación Nr°. 05 de Petro-Perú, falleció en Imacita debido a que no pudo atenderse de una herida en la cabeza que le causó un manifestante cuando defendía la vida de los policías.
Visto así el panorama: con procesos lentos, magistrados suplentes y provisionales que no aplican convenios y tratados internacionales, que cautelan los derechos indígenas, fiscales que acusan sin pruebas, procesados de escasos recursos económicos que acudirán a las audiencias hasta que les alcance el dinero, procuradores del Estado oponiéndose a todo pedido de las partes, delitos prescritos en favor de policías; la frase “justicia que tarda, es injusticia” se torna cada vez más real.
En este contexto, es fácil presumir que a finales de año se iniciará el juicio contra 24 indígenas por los sucesos de “Estación N°6”, seguidamente, se realizará la audiencia contra cinco procesados acusados de secuestrar y asesinar al mayor Bazán. Y a finales del próximo año, se juzgarán a sólo siete policías por asesinar y lesionar a 20 civiles entre mestizos e indígenas. (Área legal IDL)
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