El último jueves 19 de junio, el Pleno del
Congreso, que preside el titular del Poder Legislativo, Fredy Otárola
Peñaranda, acordó en la víspera formular
acusación constitucional contra el
expresidente Alan García, tras el debate del informe sobre los indultos
a narcotraficantes. En esta denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales, se incluye a los exministros de Justicia Aurelio Pastor y Rosario Fernández.
Luego de
intervención final del presidente de la Comisión Investigadora de la gestión
del expresidente Alan García, congresista Sergio Tejada (NGP), se procedió la
votación de una cuestión previa del legislador Bedoya para que se postergue la
votación en el caso del expresidente García, hasta que se resuelva el recurso
de amparo que ha planteado en el Poder Judicial, pero fue rechazada.
Puesta al voto, la
acusación constitucional fue aprobada por 53 votos a favor, siete en
contra y siete abstenciones.
Previamente, durante
el debate el congresista Heriberto Benítez, pidió a la Comisión Investigadora
precisar las infracciones constitucionales e incluir a los ex ministros de
justicia que tuvieron participación en el caso, porque, anotó, no pueden quedar
sin sanción quienes pusieron en libertad a miles de narcotraficantes cuando en
el país todos están comprometidos en la lucha contra el narcotráfico.
Recomendó a la
comisión estudiar los aportes y proponer
conclusiones que señalen claramente las
infracciones constitucionales y los delitos.
Por su parte, el
congresista Manuel Dammert (AP-FA) destacó la importancia del debate y afirmó
que se trata de un juicio político en su primera etapa y que al final se determinará si hay o no inhabilitación porque la responsabilidad política, dijo,
corresponde al Jefe de Estado porque el otorgar indultos o gracias
presidenciales es una atribución
constitucional que corresponde al Presidente de la República, quien habría
incurrido en una infracción constitucional.
El congresista Yonhy
Lescano (AP-FA) también se ratificó en la importancia de esta investigación
para que no haya más impunidad y “nada de borrón y cuenta nueva”. Esto, anotó,
porque se debe construir una política de desarrollo y bienestar. “El Congreso
decidió investigar a Alan García, y hoy
no vengan a decir que se trata de una venganza o de liquidar políticamente a
nadie”, expresó.
Dijo que se hicieron
indultos, conmutaciones, recorte de penas y gracias presidenciales a
narcotraficantes, no obstante que la
Constitución dice que el Estado combate el narcotráfico. Anotó que se ofrecieron beneficios a narcotraficantes
cuando estaba prohibido por la Carta
Magna. (Comunicaciones)
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