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¿Qué hacen el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Foncodes, Cofopri y hasta el Fondo Mivivienda en pleno corazón comercial y financiero de San Isidro?
Si bien todas estas entidades del Estado se crearon para impulsar el crecimiento social del país y ayudar a la población más necesitada, nadie se explica cómo la burocracia ocupa oficinas levantadas en terrenos que cuestan entre US$3 mil y US$8 mil el metro cuadrado.
“Estamos hablando de un precio que va a depender mucho de los acabados, los servicios… En algunos casos es probable que el costo del terreno pueda elevarse hasta los US$10 mil… Y es que el problema se debe a que no hay dónde construir en esa zona”, dijo a El Comercio el arquitecto y ex presidente del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú Diego La Rosa.
Esas dependencias públicas, que se encuentran contiguas una a la otra, no son las únicas. Muy cerca de allí (cuadra 33 del Paseo de la República) está el edificio de Petro-Perú, que tiene como inquilinos al Ministerio de Vivienda, Pro Inversión, Ceplan y algunas oficinas de la PCM.
“El metro cuadrado de terreno en esa zona puede superar los US$5 mil”, precisó La Rosa.
Según él, Petro-Perú se levanta sobre un área de 20 mil metros cuadrados, pero sólo utiliza la mitad del terreno.
SOBRE UN BANCO DE ORO
En esa línea, anotó que “la burocracia nacional está literalmente sentada en un banco de oro”, pues desde hace décadas subutiliza los predios y terrenos por los cuales podría obtener una gran rentabilidad.
“La venta de edificios públicos situados en zonas de alta cotización inmobiliaria podría dar pie a proyectos que el sector privado puede desarrollar y el Estado aprovechar en beneficio de la ciudad”, puntualizó La Rosa.
Puso como ejemplo el edificio del Ministerio de Justicia, situado en la cuadra 3 de la calle Scipión Llona, en Miraflores. Este inmueble ocupa un área aproximada de 8.000 metros cuadrados y el valor del metro cuadrado de terreno en esa zona no baja de los US$3.000.
“Si el edificio del Ministerio de Justicia se vendiera, el Estado obtendría US$24 millones, suma suficiente para adquirir un inmueble más pequeño y de menor valor en otra zona. No hay justificación para que una dependencia pública ocupe una zona cara de la ciudad”, indicó el experto.
NECESARIA REUBICACIÓN
El legislador y miembro de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso Juan Carlos Eguren también se mostró a favor de la venta de los edificios públicos situados en las zonas inmobiliarias más caras de Lima. “No existe razón para que estén allí”. comentó.
Pero aclaró que no es por un tema de rentabilidad a favor del Estado, sino por una cuestión de servicio, y lograr también un mayor acercamiento de las autoridades con el ciudadano.
“Los conos de Lima pueden ser el escenario donde puedan integrarse los ministerios o dependencias públicas. El propósito es que articulen y mejoren sus servicios y, de paso, consolidar esas zonas polos de desarrollo”, dijo a El Comercio.
Eguren explicó que la construcción de estas nuevas áreas, donde se levantarían ministerios o entidades públicas de manera integrada, se haría con la venta de la infraestructura situada en las zonas caras de la ciudad.
¿CUÁNTO HAY?
Aunque no se conoce algún estudio oficial sobre el valor de los bienes inmuebles emplazados en las zonas urbanas más caras de la ciudad, para La Rosa la venta de esos edificios puede significar para el Estado una rentabilidad de varios cientos de millones de dólares.
Durante el gobierno anterior, Pro Inversión fue el ente encargado de vender los inmuebles públicos.
Así ocurrió con el cuartel San Martín (Miraflores), que se vendió hace tres años. El inmueble, cuyo terreno tiene un área de 68.400 metros cuadrados, se destinará para construir un hotel cinco estrellas, un centro de convenciones, un centro cultural y un centro empresarial. Queda la posibilidad además de que el nuevo propietario edifique un centro comercial y viviendas de lujo. (El Comercio)

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