La CAN es un espacio articulador de la política nacional anticorrupción y está integrada por los titulares de las instituciones públicas que velan por la prevención y la sanción de ese delito. Cada dos meses convoca en una misma mesa a los presidentes del Consejo de Ministros, del Congreso de la República y del Poder Judicial, así como al del Tribunal Constitucional, al Fiscal de la Nación y a otros altos funcionarios. La conforman, además, con voz aunque sin voto, representantes de la sociedad civil, incluyendo al gremio empresarial más importante del país: la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
En la reunión del 13 de diciembre, la número 18 de la CAN, el punto tres en la agenda era la aprobación del anteproyecto de ley que regula la responsabilidad penal de las empresas en casos de corrupción. La propuesta implica un drástico cambio en el Código Penal, pues permitiría a los jueces procesar y condenar a empresas independientemente de la sanción a la persona natural, es decir, al ejecutivo, los ejecutivos o accionistas que hubiesen incurrido en un delito de este tipo.
La silla vacía en esa sesión era la de Alfonso García Miró, presidente de la Confiep.
Esta es la historia de una iniciativa legislativa que resulta incómoda para un sector del empresariado y de cómo la Confiep se ha convertido en un escollo para la consecución de un objetivo mayor: que el Perú integre el bloque de economías más importantes del mundo, la OCDE.
¿Qué consecuencias jurídicas traería sobre la empresa privada la aprobación de esta ley? ¿Por qué incluso en contra de la opinión de algunos de sus más connotados socios el gremio empresarial intenta bloquear el camino de su promulgación?
FUENTE: https://revistapoder.lamula.pe/2014/10/15/una-propuesta-incomoda/poder/
FUENTE: https://revistapoder.lamula.pe/2014/10/15/una-propuesta-incomoda/poder/
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