El Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el proyecto de ley que promueve la reactivación de la economía (dictaminado por la comisión especializada), y otro que tiene como objetivo promover el acceso de los jóvenes (entre los 18 y 24 años) al mercado laboral y a la protección social, dictaminado por la Comisión de Trabajo.
La primera iniciativa fue aprobada en primera instancia por 30 votos a favor en la sesión del 4 de diciembre último. Su propósito es reactivar la economía del país para lo cual propone modificar las tasas del impuesto a la renta (DS 179-2004-EF); y establece, de manera temporal, un régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas, a fin de promover la adquisición, renovación o reposición de bienes de capital.
Este régimen consiste en la devolución del crédito fiscal generado en las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, efectuadas por contribuyentes que realicen actividades productivas de bienes y servicios gravadas con el IGV o exportaciones que se encuentren inscritos como microempresas en el REMYPE.
El proyecto se aprobó con 54 votos. Diez votaron en contra y hubo 32 abstenciones.
La segunda iniciativa tuvo un mayor debate y el pedido, como cuestión previa, para que la Comisión de Constitución se pronuncie sobre la constitucionalidad de la propuesta. La cuestión previa fue presentada por el congresista Yehude Simon (GPPP) y rechazada por 69 votos.
Martha Chávez, presidenta de la Comisión de Trabajo, explicó que el fin del proyecto de ley es promover la empleabilidad de los jóvenes sin experiencia laboral, permitiéndoles el acceso al trabajo. Permitirá que los jóvenes accedan a la seguridad social y al régimen de pensiones. El plazo será de un año, con una prórroga de seis meses, pero no se permitirá una permanencia mayor de tres años.
La iniciativa, dijo, promoverá que las empresas ofrezcan nuevas fuentes de trabajo para que los jóvenes adquieran destreza y experiencia. Para el efecto, afirmó la congresista, se ha puesto “dos candados” en la norma: que no procederá la extensión de este sistema laboral a los ya contratados, y se prohíbe cesar a los actuales trabajadores para ser sustituidos con los nuevos.
Sobre el proyecto se produjo un debate antes de su aprobación. Daniel Abugattás (NGP) dijo que tras la norma había un supuesto beneficio tributario a través de la capacitación a los jóvenes, que se trataba de un sistema engañoso y se incorporan artículos que no se cumplen. Además, la Sunat no reconoce la capacitación de los trabajadores.
Manuel Dammert (AP-FA) opinó que no se podía entender este proyecto si no es dentro del “paquetezo económico”. Expresó su oposición al proyecto porque se está utilizando a la masa trabajadora en empresas subcontratistas.
El congresista Víctor García Belaunde (AP-FA) preguntó por qué se estaba obligando a los jóvenes a aportar a las AFP. Dijo que el régimen debería ser voluntario, no obligar al nuevo trabajador y menos por un tiempo tan corto porque nadie sabe qué pasará luego.
Rosa Mavila, de la misma bancada, opinó que se estaba recurriendo al “cholo barato” y que las relaciones que está promoviendo la propuesta de ley eran atípicas y claramente una explotación. Dijo que las condiciones de esta “masa laboral golondrina” estaban siendo recortadas y se precarizaba el trabajo laboral favoreciendo a empresas que no quieren la estabilidad. Anunció que estaba en contra del proyecto.
Por su parte, Jorge Rimarachín llamó la atención porque ninguna bancada había dicho nada sobre su contenido y que esto sería producto de “arreglos bajo la mesa”. Sostuvo que se trataba de un proyecto empresarial, un regreso al feudalismo y que solo se quería engañar a la gente.
Sin embargo, la posición de los congresistas fujimoristas fue todo lo contrario. Carlos Tubino dijo que se trataba de un trabajo para los informales del país, para más de siete millones de jóvenes que no tienen absolutamente nada; mientras que Cecilia Chacón afirmó que había desaceleración económica por lo que es importante generar un trabajo digno.
A su vez, José León (GPPP) dijo que se estaba recortando los derechos laborales y propuso que debía haber un mayor debate del proyecto. Luego de rechazarse la cuestión previa, el proyecto se aprobó con 69 votos a favor, 12 en contra y nueve abstenciones.
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