Imaginemos un escenario en el que el sector privado llega a un acuerdo con las comunidades indígenas, de forma conjunta, y concuerdan en que éstas puedan dar servicios relacionados al transporte, alimentos, consultorías, recursos humanos y en todos aquellos requerimientos que las grandes compañías necesiten y que sean manejables por los nativos. Concretarlos, al nivel técnico, no sería dificultoso, puesto que siguiendo el modelo de la asociación en participación, y bajo una institucionalidad aborigen que promueva y acompañe este proceso, se convocatoria a socios estratégicos privados para que en sociedad con las comunidades, puedan cumplir con los compromisos asumidos.
Los ingresos de tales empresas servirían para afrontar los problemas que actualmente padecen las comunidades. Un buen número de ellos productos de los impactos de la globalización. ¿Estará la Sociedad Peruana de Hidrocarburos dispuesta a proyectar este posible escenario para hacer factible muchos proyectos hoy paralizados? La experiencia demuestra que la unidad sector privado-comunidad, libre de prejuicios y con miras a un desarrollo equitativo, ofrece resultados positivos. Este esquema aplicable en el rubro de industrias extractivas, también puede ser replicado en otros ámbitos como el turismo, la madera, los bonos de carbono, las agroindustrias, las plantas medicinales, etc.
Para la eventualidad de dicho escenario surgen dos grandes desafíos. Por un lado, las propias comunidades indígenas por el enfoque político en el que actualmente están inmiscuidas, cuya solución debe ser la redefinición de su rol y comenzar a evaluar la consolidación del derecho económico; el criterio central debe ser el uso de las mejores tecnologías para no contaminar el ambiente. Esto es muy importante debido a las dificultades de inclusión y la necesidad de un nuevo enfoque en las relaciones. Para que sea así debe darse un cambio generacional en las actuales dirigencias y una profunda reforma organizacional. Hoy en día existe un divorcio ente lo que realmente piensan gran parte de las comunidades y los líderes que pretenden representarlos.
Por otro lado, está el desafío del sector privado. Sabemos de su enorme desconfianza y del estorbo que en muchos casos representa el aparato estatal. No obstante, recordemos que iniciativas fundamentales (privadas) amazónicas están paralizadas por el tema social, y no tanto por los trámites burocráticos que languidecen la economía del país. Es importante un debate alturado, con propuestas claras, dejando atrás las barreras mentales, y demostrándole a la sociedad cómo la comunión indígenas y empresas, podrían dar sostenibilidad a los proyectos. Para dar este paso, también este sector debe sufrir una metamorfosis, puesto que hay evidencias de grupos que solo buscan sus ganancias, aduciendo respetar las reglas de juego que el Estado ha ofrecido, sabiendo que eso no beneficia a los ámbitos directamente involucrados.
Con todo lo anterior, los Pueblos Indígenas deben saber que ninguna sociedad ha perdurado en el tiempo sin el rol de la política. Pero ante todo deben tener claro que ninguna sociedad ha subsistido sin la generación de oportunidades para su población. La realidad de nuestro tiempo debe conducirnos a replantear muchas cosas e invitarnos a tener nuevas miradas. De ahí la trascendencia de comenzar a transformar el derecho político ganado en los últimos años en un poder y reclamos económicos. Es un acto de justicia. Este derecho debe ser visto por el sector privado y las entidades gubernamentales no como una amenaza, sino como una extraordinaria oportunidad para una verdadera y digna repartición de la riqueza. (Shuar Velásquez)
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