Las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) es un servicio de atención integral que deben de funcionar en los Gobiernos Locales (Municipalidades), siendo su finalidad el de promover y proteger los derechos que la legislación reconoce a las personas con discapacidad brindando un servicio de carácter gratuito, garantizándose una adecuada inclusión de dicho grupo vulnerable.
Ello en base a la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, la Constitución Política del Estado, La Ley Orgánica de Municipalidades, La Ley General de la Persona con Discapacidad y La Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016 – Ley N° 30372.
Pese a ello algunas Municipalidades distritales vienen haciendo caso omiso a la normatividad vigente, negándose bajo argumentos que no cuentan con presupuesto para implementar las OMAPED en sus comunas, cuando las Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal, de los años 2014 a la fecha han establecido los montos de 0.5 % del presupuesto que se les ha asignado debe estar destinado para las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad, en la contratación de personal y otros.
En ese contexto, desde la Defensoría del Pueblo, se ha cursado diversas recomendaciones para que los alcaldes de las comunas provinciales y distritales implementen su OMAPED, siendo el caso que los Alcaldes de las Municipalidades Distritales de: El CENEPA, OCUMAL, PROVINDENCIA, El TINGO y QUINJALCA a la fecha no implementan las citadas Oficinas.
Por tales consideraciones, se han cursado los Oficios respectivos dando cuenta al MINISTERIO PÚBLICO para que en el marco de sus funciones y competencias, los Fiscales competentes procedan a aperturar investigación preliminar, dentro de los establecido por el artículo 377º del Código Penal cuyo bien jurídico protegido es el normal funcionamiento de la administración pública, en cuanto a oportunidad y eficacia en el cumplimiento de la función, y en su oportunidad se realice la acusaciòn pertinente ante el Juzgado de Investigación Preparatoria pertinente y se resuelva conforme a derecho.Tenemos que segir haciendo incidencia para que todas las Municipalidades de la región cuenten con sus respectivas Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad. Precisamente por ello, me permito compartir esta iniciativa para conocimiento y fines. (Roberto Guevara)
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