El segundo año de gobierno de PPK está marcado por los conflictos sociales: 177 de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 73% de estos conflictos son socio ambientales, entre ellos se encuentran la demanda de la Consulta previa alrededor del Lote 192, una de las reservas más importantes de petróleo del país, el antropólogo Diego Saavedra, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) señala que en un nuevo proceso de licitación en este lote se debe impulsar un proceso de consulta previa: “cualquier proyecto, plan o programa que potencialmente signifique una afectación a los derechos de los pueblos indígenas tiene que ser sujeto a consulta”.
“El derecho a la consulta previa es legítima, tanto el reglamento como en la Ley de consulta dice que cualquier proyecto, plan o programa que potencialmente signifique una afectación a los derechos de los pueblos indígenas tiene que ser sujeto a consulta, está en manos del Ministerio de Cultura y Energía y Minas iniciar este proceso, pero no existe una mínima voluntad, entonces es difícil creer que el gobierno tenga voluntad para cumplir con los acuerdos que se pactaron en el 2015, donde las comunidades están exigiendo desde hace bastante tiempo celeridad en la atención en salud, saneamiento físico y territorial”, señala el antropólogo.
Añade que hay una lógica clara de priorizar la inversión y de reducir costos, desde hace más de cuatro años, “con la recesión económica y la caída del PBI se aviva fantasmas y activa mecanismos para que el Estado busque destrabar inversiones y reducir estándares, esta lógica va en contra de muchos derechos, y el problema de esta lógica es ver el proceso de explotación petrolera como una continuidad y no es así, estamos hablando de un nuevo proyecto, donde se necesitan nuevas evaluaciones ambientales, se necesitan saber cuáles son las condiciones ambientales de ese territorio que no son las mismas de hace 40 años, necesitamos conocer los impactos acumulativos que ha dejado la actividad petrolera en cuatro décadas. Afirmar que no se necesita consulta sobre un proyecto que se explotó hace 10 o 20 años es una clara vulneración a la Ley de Consulta”.
Saavedra sostiene que “desde el gobierno hay una posición negacionista sobre la existencia de conflictos sociales en el país, y eso es peligroso porque invisibiliza y reduce las posibilidades de desarrollar políticas de prevención, de diálogo y de participación con carácter permanente”
Vigilancia indígena para prevenir los conflictos
Para DAR, así como diversas organizaciones indígenas, es importante que desde el gobierno se impulse el reconocimiento de la vigilancia indígena para prevenir los conflictos y los desastres ambientales. Entre los años 2013 y 2014 los sistemas de vigilancia indígena de las comunidades que son parte de las cuatro cuencas (Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón) donde se encuentra el Lote 192, detectaron cerca de 2 000 pasivos ambientales, de los cuales el OEFA y el Estado terminaron reconociendo más de un centenar de estos desastres ambientales.
En el año 2016, la Amazonía peruana enfrentó 13 derrames petroleros a causa de problemas con el Oleoducto Norperuano. Más de 12 mil barriles de crudo se vertieron a suelo y cuerpos de agua en las regiones de Amazonas y Loreto.
Estos sistemas de vigilancia indígena, por su cercanía y conocimiento del territorio, ayudan a tener información más oportuna y eficaz para prevenir situación de afectación ambiental, o reducirla. “El Estado debe reconocer los sistemas de la vigilancia indígena como una estrategia clave para la prevención de los conflictos, la protección de la Amazonía, de los bosques y los territorios”, señala el antropólogo.
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