El Gobierno peruano declaró por 60 días el estado de emergencia en diversos distritos amazónicos de los departamentos del Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas, para restablecer el orden público ante las acciones vandálicas que ponen en riesgo la producción, transporte y distribución de gas natural e hidrocarburos.
El gobierno optó por el camino supuestamente más fácil, por no atender las justificadas demandas de los nativos amazónicos que son en bien de la Humanidad.
Mientras dura la toma de la Estación 06 de Petroperú, en los últimas díasm se observó un ingreso de fuerzas especiales de la Policia Nacional, pero no psaron más allá de la localidad de Shushunga.
Según Andina de Noticias:
El decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano se establece que quedan suspendidos los derechos constitucionales referidos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.
Ello en los distritos de Echarate y Kimbiri, en la provincia de La Convención en el Cusco; Sepahua, en la provincia de Atalaya, en Ucayali; Napo, en la provincia de Maynas, en Loreto; Andoas, Pastaza, Morona y Manseriche, en la provincia de Datem del Marañon, Loreto; e Imaza, en la provincia de Bagua, Amazonas.
El plazo de 60 días del Estado de Emergencia tiene por objetivo “la ejecución de acciones inmediatas destinadas a la reducción y eliminación de los riesgos existentes” mencionados.
De acuerdo a la parte considerativa del decreto, que las actividades de extracción, procesamiento y transporte de crudo pesado, en el lote 67, así como las labores en otros lotes donde operan diversas empresas, se han visto afectadas por actos de violencia en el marco de la denominada “Movilización por los pueblos amazónicos”.
Dichas acciones de violencia han incluido la obstrucción de las vías de acceso a dichos lotes, la expulsión de los trabajadores, entre otras, como amenazas para lograr que se paralicen las labores de exploración y explotación de hidrocarburos, necesarios para asegurar la seguridad energética del país.
El decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano se establece que quedan suspendidos los derechos constitucionales referidos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.
Ello en los distritos de Echarate y Kimbiri, en la provincia de La Convención en el Cusco; Sepahua, en la provincia de Atalaya, en Ucayali; Napo, en la provincia de Maynas, en Loreto; Andoas, Pastaza, Morona y Manseriche, en la provincia de Datem del Marañon, Loreto; e Imaza, en la provincia de Bagua, Amazonas.
El plazo de 60 días del Estado de Emergencia tiene por objetivo “la ejecución de acciones inmediatas destinadas a la reducción y eliminación de los riesgos existentes” mencionados.
De acuerdo a la parte considerativa del decreto, que las actividades de extracción, procesamiento y transporte de crudo pesado, en el lote 67, así como las labores en otros lotes donde operan diversas empresas, se han visto afectadas por actos de violencia en el marco de la denominada “Movilización por los pueblos amazónicos”.
Dichas acciones de violencia han incluido la obstrucción de las vías de acceso a dichos lotes, la expulsión de los trabajadores, entre otras, como amenazas para lograr que se paralicen las labores de exploración y explotación de hidrocarburos, necesarios para asegurar la seguridad energética del país.
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