Región Amazonas

Los antropólogos Rafael Rodríguez y Natalia Matzner del Equipo de Antropología y Estudios de la Cultura Visual de Barcelona fueron testigos y denunciaron el hostigamiento que sufre el pueblo Cocama Cocamilla desde los recientes derrames del río Marañón y la acción aniquiladora de las empresas petrolíferas; amenaza que representa un peligro inminente como son las enfermedades y la muerte para los habitantes de la amazonia.

El Perú está divido por casi 60 Lotes en manos de cinco empresas petroleras como son Talismán 15,4%, Conoco Philips 14,6%, Cepsa 12%, Repsol 6,7% y Pluspetrol 5,4%. Un claro ejemplo de lo extremo de la situación es que Iquitos misma se encuentra dentro de un lote petrolero, el 122, y el Gobierno sigue dando en concesión a empresas, industrias extractivas, multinacionales…etc., como si estuviesen vacíos, sin gente, sin flora y fauna milenaria, sin respetar las mismas reservas nacionales que ellos mismos nombraron y sin regularizar las devastaciones humanas y naturales que producen las extracciones de minerales e hidrocarburos.

Amenazados, así es como ante la presión de las negociaciones entre lugareños y empresa, la gente del río Marañón se ha llegado a sentir, amenazados por todas las partes, incluso por sus hermanos, tras las negociaciones que vinieron después de la toma del río 25 de octubre que se llevó a cabo por parte de pobladores que no fueron tomados en cuenta a la hora en que la empresa responsable del derrame Pluspetrol Norte S.A. repartiese su mal llamado “apoyo social”.

Estas negociaciones han servido sobre todo para desviar la atención en los asuntos de fondo (contaminación en el río y sus gravísimas consecuencias, sociales, culturales y medioambientales) contentando a la gente con 350 soles por familia y 35 toneladas de comida en lata y agua embotellada que deberían haberse repartido con anterioridad y que servirán entre otras cosas, para seguir cambiando los hábitos alimenticios locales, agua del río y pescado fresco.

Finalmente, aquí no se negocian asuntos relevantes como la viabilidad de la extracción de hidrocarburos, o si hay formas menos dañinas de realizar esta faena, si es posible ejecutar algún cambio legislativo respecto a industrias extractivas, si se respetan los derechos a consulta a las comunidades, si son o no viables las prácticas de remediación de daños o reinyecciones de aguas de formación, así hasta un largo etcétera. (AIDESEP)