Las federaciones indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Marañón y Corrientes reiteraron su pedido al gobierno central para que se conforme una Comisión Multisectorial de Alto Nivel que evalúe los daños causados por la explotación petrolera que se realiza desde hace más de 40 años en la región Loreto, sin las medidas de protección y remediación de impactos oportunos ni adecuados.El pedido fue hecho a través de una carta presentada esta mañana ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por la Federación de Comunidades Nativas del Rio Corrientes - FECONACO, la Federación de Comunidades Nativas del Río Tigre - FECONAT, la Asociación Cocama de Conservación y Desarrollo San Pablo de Tipishca - ACODECOSPAT y la Federación Indígena Quechua del Pastaza - FEDIQUEP, bases de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP.
En la carta presentada ante la PCM, las federaciones reiteraron que las cuencas comparten los impactos negativos generados por los lotes 1-AB y 8 durante cuatro décadas. Los daños han sido causados por las actividades de producción, el vertimiento de aguas tóxicas y deshechos en los ríos Pastaza, Tigre y Corrientes hasta el año 2009 y en el caso del Marañón por las ineficientes medidas de gestión del transporte permanente de hidrocarburos, lo que ha generado constantes accidentes y la contaminación de sus aguas. Además de ello, las cuencas comparten los impactos acumulados del deficiente funcionamiento del oleoducto norperuano.En ese sentido, manifestaron que si bien las aguas contaminadas fueron reinyectadas no se han recuperado los ecosistemas dañados y se continúa desconociendo sus derechos como titulares del territorio en los que se realizan las operaciones. Por ello, manifestaron que el Estado no cuenta con un adecuado sistema de fiscalización ambiental y son los pueblos indígenas los grandes afectados por esta indolencia.
Las federaciones esperan que esta Comisión Multisectorial de Alto Nivel esté conformada por un representante del Presidente, Ollanta Humala; los despachos de la Presidencia de Consejos de Ministros, Ministerios de Ambiente, Energía y Minas, Salud, Mujer y Desarrollo Social.
También deberá incluirse al Congreso de la República a través de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, a la Comisión de Energía y Minas, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; a la Oficina Especializada en Fiscalización Ambiental OEFA del MINAM, a OSINERGMIN, a la Autoridad Nacional del Agua – ANA; a las organizaciones y a observadores miembros de la sociedad civil organizada.
Agregan que la comisión debe identificar los derechos compensatorios e indemnizatorios que correspondan a los afectados y proponer medidas de solución en el corto plazo. (AIDESEP)
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