Los congresistas Verónika Mendoza Frish y Eduardo Nayap Kinin solicitaron al Fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales efectuar una estrecha supervisión de los estándares jurídicos que se vienen aplicando en el seguimiento del caso a los numerosos acusados por los luctuosos hechos ocurridos durante la protesta indígena amazónica que culminó en el tristemente célebre “Baguazo”, en junio del 2009.
“A más de tres años de lo ocurrido en la Curva del Diablo, hasta ahora no se han sancionado a los responsables políticos. Sin embargo, la Fiscalía Superior de Bagua habría solicitado inclusive hasta cadena perpetua para diferentes líderes indígenas generando un clima de desasosiego y tensión entre el Estado y los pueblos indígenas”, sostuvo Nayap.
Cabe resaltar, que para el Instituto de Defensa Legal esta acusación carece de coherencia y de pruebas que acrediten la comisión de los hechos delictivos denunciados. Por lo que, ambos parlamentarios exigen el respeto a los estándares internacionales en materia de investigación y juzgamiento de acusados de origen indígena, para asegurar procesos válidos y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los implicados.
El día de hoy, el Congresista Eduardo Nayap se encuentra en la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua, siguiendo personalmente este caso, allí se decidirá si el pedido de la Fiscalía Superior tiene los elementos que sustenten la imputación y se inicie con el juicio oral o si se devuelve el caso a la fiscalía para que se revise nuevamente las acusaciones. Se encuentran presentes también los representantes de la Defensoría del Pueblo, los Apus de las comunidades indígenas y los abogados de los acusados.
“Este caso es muy delicado para el país y demanda una urgente reconciliación entre las partes implicadas, por lo que se hace necesario la debida identificación y sanción de los verdaderos responsables tanto de las muertes civiles como policiales. Los pueblos indígenas esperamos que se haga justicia para todos”, finalizó el congresista awajún Eduardo Nayap.
Cabe resaltar, que para el Instituto de Defensa Legal esta acusación carece de coherencia y de pruebas que acrediten la comisión de los hechos delictivos denunciados. Por lo que, ambos parlamentarios exigen el respeto a los estándares internacionales en materia de investigación y juzgamiento de acusados de origen indígena, para asegurar procesos válidos y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los implicados.
El día de hoy, el Congresista Eduardo Nayap se encuentra en la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua, siguiendo personalmente este caso, allí se decidirá si el pedido de la Fiscalía Superior tiene los elementos que sustenten la imputación y se inicie con el juicio oral o si se devuelve el caso a la fiscalía para que se revise nuevamente las acusaciones. Se encuentran presentes también los representantes de la Defensoría del Pueblo, los Apus de las comunidades indígenas y los abogados de los acusados.
“Este caso es muy delicado para el país y demanda una urgente reconciliación entre las partes implicadas, por lo que se hace necesario la debida identificación y sanción de los verdaderos responsables tanto de las muertes civiles como policiales. Los pueblos indígenas esperamos que se haga justicia para todos”, finalizó el congresista awajún Eduardo Nayap.
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