Latinoamérica será, en el futuro inmediato, la principal exportadora neta de alimentos en el mundo y es, además, una de las dos únicas regiones con tierras agrícolas disponibles, aunque su completa utilización requeriría de inversiones en infraestructura y desarrollo tecnológico que permitan su utilización sustentable.
Tal fue una de las conclusiones a la que arribaron diferentes especialistas en el estudio “Agricultura y Desarrollo en América Latina: Gobernanza y Políticas Públicas”, elaborado por especialistas del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, Sidesa de Costa Rica, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Rimisp de Chile y Grupo CEO/Forges de Argentina.
La citada publicación también valora diversas experiencias que permiten apreciar las contribuciones de la agricultura en el crecimiento económico, en el desarrollo de los territorios rurales, en la mejoría de la seguridad alimentaria, en reducir la pobreza rural y en reducir los daños a los ecosistemas.
Respecto al agua de riego, América Latina tiene el 30% del agua superficial disponible en el mundo, lo cual representa en términos per cápita una situación altamente privilegiada. “De esa forma, la agricultura se convierte en una extraordinaria oportunidad para el desarrollo económico de la región”, señala el documento.
El estudio fue herramienta de análisis en el foro del Panel Independiente de Agricultura para el Desarrollo en América Latina (Piadal), en el que participaron la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli; el ministro de Agricultura, Milton Von Hesse; y el titular del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal; quienes debatieron políticas sectoriales, ambientales y comerciales, relacionadas al tema.
Los ministros y profesionales latinoamericanos que asistieron a la cita, coincidieron en la necesidad de potenciar el desarrollo del agro peruano y sus posibles escenarios teniendo en cuenta un crecimiento sostenido que aminore los impactos negativos en el medio ambiente.
CAMBIO POLÍTICO FUNDAMENTALEl análisis realizado en el documento destaca tres problemas principales que aquejan a la política del sector Agricultura, y que deberían ser los elementos más importantes en una nueva agenda del desarrollo agropecuario y rural.
El primero es que el sector no tiene el reconocimiento y la jerarquía política que debería tener en función de su importancia en la estructura económica de la mayoría de los países de la región.
El segundo problema se refiere a la estructura del gasto, que necesita ser cambiada, reduciendo el peso de los bienes privados, especialmente en relación a los subsidios netos a los ingresos de los productores de mayores ingresos y a las regiones más ricas, y aumentando proporcionalmente el gasto en bienes públicos.
Finalmente, el tercer problema radica en la necesidad de reexaminar la institucionalidad del sector, es decir, el conjunto de normas y organizaciones responsables por la política agrícola en un sentido amplio, y las capacidades y funcionamiento de estas últimas.
Para incorporar esta nueva visión a la definición de la política agropecuaria se requiere una nueva dinámica política. Este cambio político no consiste únicamente en que haya un mayor reconocimiento de la importancia del sector agrícola ampliado y, consiguientemente, mayores presupuestos. También es necesario introducir cambios importantes en los procesos políticos que lleven a la definición de las estrategias y políticas públicas para el sector.
Sin un cambio político, un mayor gasto público no asegura una solución de fondo a los problemas persistentes, ni una creación de las nuevas capacidades que son necesarias para enfrentar los desafíos del futuro.
Relatos de Monos
Libro Raices de Bagua
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