La necesidad que los países de América Latina y el Caribe tengan un marco legal adecuado para reducir la falta de inscripción de niños y que estos tengan el derecho a la identidad para acceder a servicios de salud, educación y justicia, fue uno de los pedidos que se planteó en el encuentro de parlamentarios de más de 11 países, impulsado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, que preside la congresista María Soledad Pérez Tello (APGC).
En la segunda mesa de trabajo, el taller parlamentario sobre promoción de la inscripción universal de los nacimientos de América Latina y el Caribe abordó el tema de la perspectiva de la equidad, como derecho a la identidad, protección y personalidad jurídica.
Juan Ignacio Mondelli, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, expuso sobre los avances para reducir los casos de “apatridia” en la región a favor de aquellas personas no unidas a ningún Estado por un vínculo de nacionalidad. Dijo que esta situación se da en migrantes que no pueden demostrar su lugar de origen, de las zonas fronterizas, y poblaciones nómades. Informó sobre los avances en materia de prevención para reducir los casos de “apatridia”, al señalar que Perú es uno de los países que ha revisado su legislación para hacer frente a este problema.
Dirigiéndose a los parlamentarios de más de 11 países, les pidió que trabajen para mejorar el acceso a la inscripción de nacimientos, así como de la posibilidad de adaptar la legislación interna para reducir los casos de “apatridia” y promover el derecho a la identidad, como el inicio de condiciones de vida digna y segura.
Elena Corregida, parlamentaria de Argentina, informó que en su país hay grandes avances para combatir la “apatridia”. Señaló que todo persona adquiere la nacionalidad argentina por el sólo hecho de nacer en su territorio. Dijo que su país ha suscrito convenios internacionales para garantizar el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes, al informar que incluso los ciudadanos extranjeros pueden gozar de los servicios de salud y educación pública indicando su lugar de origen.
Carlos Reyna Izaguirre, en representación del RENIEC, informó sobre los problemas que afrontan los registradores peruanos en la Amazonía para identificar a sus connacionales.
Señaló que el derecho a la identidad de la población indígena está estipulado en el Convenio 169 de la OIT. Dijo que los trabajadores de la RENIEC se trasladan a lugares remotos logrando registrar hasta 20 mil inscripciones. Pidió adaptar las normas a la realidad para reducir sustancialmente la cantidad de niños y personas no identificadas.
En la tercera mesa de trabajo, se abordó los obstáculos para la inscripción de los nacimientos. En este tema Mia Harbitz, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo que uno de los problemas detectados en algunos países es la carencia de una política de identidad, carencia de soluciones tecnológicas y marco legal desactualizado.
Destacó el importante avance logrado por Perú, Bolivia y Brasil en el marco de los objetivos del milenium, en la que se expresa su preocupación por el derecho a la identidad. Dijo que el BID financia proyectos para promover el registro de personas en busca de promover el derecho a la identidad.
Finalmente, Mary Celia Guirado, consultora brasileña en derecho humanos, informó sobre los avances en su país para promover la inscripción de nacimientos, especialmente en sectores de pobreza, con el objetivo que estos accedan a derechos públicos fundamentales como la salud.
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