Región Amazonas

Premunida, en uno de los casos, de las prerrogativas y los apremios de una comisión investigadora, la Comisión de Fiscalización y Contraloría emitió tres informes finales en los que da a conocer indicios y evidencias de la presunta comisión de ilícitos penales por parte de funcionarios del Estado, entre ellos un expresidente de la República.

Los informes fueron frutos de intensos trabajos de indagaciones, investigación y sesiones -públicas y reservadas-, dedicados a recoger testimonios y pruebas documentales, a fin de individualizar y deslindar responsabilidades de los denunciados e involucrados en las denuncias que dieron origen a esas tareas.

Entre esos informes finales, emitido con facultades de comisión investigadora, figura el referido a la investigación del llamado ‘Caso Toledo’, que concluye recomendando solicitar al Ministerio Público que investigue al expresidente Alejandro Toledo; su esposa, Eliane Karp; su suegra, Eva Fernenbug; el empresario israelí Josef Maiman, amigo suyo, su exasesor de seguridad, Avraham Dan On, y el abogado peruano David Ezquenazi, por la supuesta comisión del delito de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

El informe se basa en la presunción de “indicios razonables” de la comisión de esos ilícitos penales, tipificados en los primeros seis artículos del DL 1106 y en el artículo 317º del Código Penal, respectivamente.

Sin facultades especiales, la Comisión aprobó también el informe final respecto a dos denominadas ‘investigaciones mayores’, uno de ellos respecto a los programas sociales emprendidos por el Gobierno (‘Kali Warma’, ‘Juntos’, ‘Pensión 65’, ‘Beca 18’, y otros), que concluye con una serie de recomendaciones y sugerencias para su mejor implementación a nivel nacional.

Igualmente, aprobó el informe final sobre presuntas irregularidades que se habría cometido en la ejecución de las obras de mejoramiento y ampliación integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la provincia con conexiones domiciliarias del casco central de Chiclayo antiguo y colectores ‘Pedro Ruiz’, ‘Francisco Cabrera’ y ‘Elvira García y García’, en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque. El informe encuentra responsabilidad penal en el alcalde de Lambayeque, Percy Ramos Puelles, y su director municipal, Daniel Rivera Paz.

Nueva ley

La Comisión, que preside el congresista Vicente Zeballos Salinas (SN), logró también la aprobación, por el Pleno y su posterior promulgación por el Poder Ejecutivo, de la ley que establece un procedimiento especial de contratación para la realización de ceremonias de transmisiones del mando supremo y de cumbres internacionales declaradas de interés nacional, y sus eventos conexos, que cuenten con la participación de jefes de Estado, jefes de Gobierno, altos dignatarios y comisionados.

Con esa finalidad, la nueva ley modifica el DL 1017 (que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado) y aprueba el marco legal que permite mejorar la eficacia y eficiencia en las contrataciones que efectúe el Estado, específicamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.