Región Amazonas

Bagua cumple 70 años y aún se mantienen imborrables las dolorosas imágenes del «Baguazo» de aquella mañana del 5 de junio de 2009, un caso más de todas las largas y penosas luchas que los pueblos indígenas, comunidades campesinas y ciudadanía en general vienen confrontando ante la imposición de un modelo de «desarrollo» que parte de una visión errada de modernidad y progreso, el mismo que ha acarreado contaminación ambiental a niveles alarmantes, ataques al ecosistema, mayor pobreza y desigualdad entre la población y, por ende, conflictos sociales por doquier en todo el país.

La Ley de Consulta previa a los Pueblos Indígenas u Originarios aprobada recientemente por el Congreso de la República es el resultado de los cuestionamientos y presiones de diversos actores e instituciones sociales que después de los sucesos de Bagua colocaron con más énfasis en tela juicio el rol de las industrias extractivas como actividad productiva y de «desarrollo» en nuestro territorio, especialmente en las zonas ocupadas por comunidades awajún.

Estos cuestionamientos también visualizaron a los daños que esta actividad ocasiona a nuestros ecosistemas, a los mecanismos de decisión para establecer las zonas de explotación, el papel del estado y la relación tensa con la población en los procesos de negociación, etc.

Es un avance que previo a la admisión de cualquier proyecto extractivo que el Estado Peruano realice se deba consultar y discutir con las comunidades la viabilidad del mismo y las condiciones en que éste debe aceptarse si fuese ese el caso. Pero sin duda, aun existen una serie de puntos críticos que debemos seguir debatiendo.

(con el apoyo de AHUA)