Región Amazonas

Organizaciones indígenas y sociales del Perú exigieron al gobierno que ejecute cambios inmediatos en las leyes ambientales, pues lo que ha hecho la Comisión Multisectorial, encargada de mejorar estas políticas ambientales con el consenso de todos los peruanos, es nulo pues el plazo ha terminado sin hacer visible ningún cambio y ninguna iniciativa concreta, pues dicho grupo de trabajo fue creado por la PCM y debía hacer públicas sus recomendaciones a inicios de agosto, lo cual no ha ocurrido, “evidenciándose en el Gobierno poco interés real en el tema”.

En la carta pública, expresan su preocupación por la situación actual y proponen cinco puntos a tomar en cuenta para lograr una buena política ambiental:

1. Impulsar el Ordenamiento Territorial a nivel nacional, con la creación de una autoridad autónoma cuya función será promover, impulsar, diseñar e implementar planes de ordenamiento territorial, desde un enfoque intercultural y respetando la pluralidad de visiones, de género, de manera participativa, en consulta con los pueblos indígenas cuando así corresponda, conjuntamente con los Gobiernos Regionales y Locales, para definir donde se harán y dónde no actividades extractivas;

2. Promover un modelo de gobernanza de las inversiones en el territorio nacional que defina un mejor esquema de otorgamiento de derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (concesiones, licencias, permisos, contratos, autorizaciones), mediante mecanismos de participación en la decisión de otorgamiento de derechos con la población local posiblemente afectada, gobiernos regionales y locales;

3. Mejorar la gestión ambiental y social de las inversiones del país, a través de las correcciones y cambios necesarios en el proceso de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), estableciendo su carácter previo al otorgamiento de derechos, así como definitorio de la factibilidad de los proyectos. De igual modo, exigencias más claras y que permitan internalizar correctamente los costos ambientales y sociales de las inversiones públicas y privadas en el país.

4. Generar y mantener la confianza en la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las inversiones mediante la creación de una entidad autónoma que certifique y apruebe los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de megaproyectos y que ésta sea parte del Ministerio del Ambiente.

5. Reformular el marco legal sobre consulta previa en el proceso de otorgamiento de derechos para aprovechar recursos naturales, adecuando la legislación sectorizada y ambiental al Convenio 169. Asimismo, se debe invertir en mejorar los mecanismos de participación ciudadana en todo el proceso de inversiones, especialmente para integrar la fiscalización ambiental realizada por el Estado con la vigilancia ciudadana o monitoreo ambiental que realizan los pueblos indígenas o población local. (AIDESEP)