La Contraloría General informó que ha puesto a disposición de los ciudadanos más de 40 mil declaraciones juradas de funcionarios y servidores públicos que fueron presentadas por medio de la web o en físico durante el 2013 y que han pasado los filtros del órgano de control para su registro y archivo.
La revisión y análisis de estos documentos permite detectar si existe un desbalance patrimonial, indicios de enriquecimiento ilícito o casos de presunta corrupción.
La declaración jurada consta de dos partes. Una sección pública con información general sobre los ingresos, bienes y rentas que son publicadas en el portal institucional y una sección confidencial con información más detallada para fines de control.
Si desea acceder a una declaración jurada (sección pública), solo tiene que ingresar a la dirección electrónica www.contraloria.gob.pe, dirigirse al módulo Consultas Ciudadanas, Buscador de Declaración Jurada y digitar el nombre de la autoridad o funcionario de su interés.
Encontrará información sobre el presidente de la República, vicepresidentes, congresistas, ministros, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público y, en general, aquellos funcionarios que administran, manejan o disponen de fondos del Estado.
Revisión y control
Cada año, los funcionarios y servidores públicos que administran recursos del Estado están obligados a presentar a la Contraloría General una declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas, para que esta información sea verificada selectivamente por el órgano de control.
La presentación de esta declaración jurada es muy importante porque contribuye a incrementar la transparencia en la gestión pública y mejora la confianza de los ciudadanos en el gobierno.
Cuando la Contraloría General detecta algún indicio de irregularidad, los casos son derivados al Ministerio Público para ser investigados y ser sancionados por el Poder Judicial de probarse su responsabilidad.
Nuevas reglas
Este año, el Poder Ejecutivo aprobó la N° 30161 que establece el nuevo marco legal de las declaraciones juradas y fortalece las atribuciones de la Contraloría General para fiscalizar dichos documentos.
Según dicha ley, los funcionarios y servidores públicos que disponen de bienes del Estado y participan en la toma de decisiones sobre el patrimonio del país también estarán obligados a presentar su declaración jurada.
Las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, las empresas del Estado y las personas naturales o jurídicas estarán obligadas a poner a entregar a la Contraloría General las bases de datos y cualquier otra información necesaria para determinar el posible enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.
Aquellos servidores o funcionarios que no cumplan con la obligación de presentar su declaración jurada, omitan información o falseen datos serán sancionados. Las entidades públicas estarán obligadas a publicar la relación de infractores.
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